El debate sobre la gestión pública nuevamente se bifurcó en polos de opinión pública acerca de cómo se va a gestionar el tránsito fluvial en esta región y a quiénes se va a beneficiar con las nuevas decisiones.
Desde este mes, mediante el decreto 427/2021 el Estado argentino administrará la hidrovía Paraná – Paraguay durante un año, incluso en el cobro de los peajes. Pero hay un anterior decreto que sigue vigente, para llamar a la licitación el año siguiente.
“El sabor es agridulce. La lucha de las organizaciones es que el Estado se haga cargo del control total de las vías navegables del país”, dijo el licenciado en relaciones internacionales, Ariel Ocantos.
Mientras tanto, el río Paraná registra niveles históricos de bajante, lo que derivó en trabajos de sobre dragado, sobre todo en los ingresos en los puertos, para garantizar la navegación de barcazas y buques.
“Alertamos a los organismos de cuidado ambiental para advertir los impactos que tiene el sobredragado, la gran remoción de sedimento dado el bajo caudal que tiene el canal”, indicó el investigador en el programa Sin Aportes. Desde Nación impidieron a la empresa para que frene ese tipo de tareas en el río.
“A los sectores de la agro exportación la bajante les perjudica porque el tránsito fluvial se ve reducido y obstaculizado, dadas las características del canal en esta bajante”, consideró Ocantos. Aumentan las esperas y los costos aumentan a causa del retraso que causa la bajante.
“La discusión hoy en día es si continuamos con ese régimen, propio de las reformas neoliberales del menemismo o los estados vuelven a hacerse cargo para la gestión de la soberanía, con una mirada estratégica y compleja de lo que es la soberanía en términos geo políticos”.
“Desde nuestro lugar decimos que a la discusión les falta la soberanía alimentaria, qué modelos de distribución de alimentos estamos pensando y la cuestión de la justicia ambiental”, dijo el integrante del Taller Ecologista de Rosario.
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