Corrientes provincia pro vida condena a personas gestantes en situación de vulnerabilidad

Por Tatiana Ledesma Flores de Las Lisas

Ana Velázquez es juzgada en los Tribunales de Goya por el delito de homicidio culposo. Estaba embarazada, no conocía los tiempos de gestación, no llegó a pedir ayuda y sobrevivió a un parto en avalancha, pero el feto falleció.
Parecería que el interior provincial es fuente de complejas situaciones de vulneración, en los que no sólo la vida de las personas se encuentra en peligro. La prensa condena bajo notas de características horribles y la Justicia se llena de conservadurismo y machismo, para condenar todo lo que determina que una persona no cumplió los mandatos sociales y culturales establecidos.

No es casualidad tampoco que en este caso, sólo exista una mujer durante todo el proceso que pueda determinar bajo pericia judicial, la inocencia de Ana. El resto, entre jueces, fiscales y demás peritxs, el falo centrismo patriarcal predomina como una fiera que se siente deseosa de ver a su presa destruida. Juzgada, presa, condenada, encerrada y lejos de sus otrxs hijxs, a lxs que aparentemente según el sistema judicial no es digna de criar, por no poder cuidar primero al que lleva en el vientre.

Ana Clara Velázquez sobrevivió a una emergencia obstétrica. Emergencia es la palabra adecuada, parto en avalancha más específicamente para determinar la situación. Antes de quedar detenida desde hace ocho meses bajo imputación por homicidio culposo, hacía changas, cocinaba pastelitos, pastas y empanadas. Las vendía en el barrio en el que vivía en su Esquina natal junto a su madre Gladis Ferreira para mantenerse a ella, a su hija de once años, a su hijo de seis y al hijx que llevaba en el vientre.

Desconociendo el tiempo de gestación que atravesaba, un día de noviembre del año pasado Ana sintió dolores en el vientre. La situación fue rápida, ya que no pudo pedir ayuda y ocurrió un parto domiciliario. El hecho debería enmarcarse como interrupción no voluntaria del embarazo y no como “homicidio culposo agravado por el vínculo”.
Ana es parte de un interior provincial sesgado por el poco acceso a información en el sistema de salud, en cuanto a cuestiones reproductivas y de gestación. Marcado incluso por la fuerte presión del clero y el conservadurismo de mandatos sociales y culturales, que influyen en las decisiones de funcionarixs y en la Justicia.
Ella es la “mala madre”, la abortera, la asesina, la que no cuidó bien al feto que estaba gestando, la que encima se cree con derecho de traer una tercera vida al mundo cuando no tiene un empleo formal para mantenerlos. Ana es eso que a la sociedad le encanta señalar con el dedo y a la prensa, juzgar en sus textos.

El medio El destape pudo dialogar con Natalia Ávalos, abogada de Ana, y con su madre, Gladys. Ellas comentaron que en la guardia Ana no fue revisada acorde a los correctos procedimientos y además, no le brindaron asistencia psicológica ni médica para sobrellevar el estado de shock en el que se encontraba y por el cual aún no puede emitir casi palabras.

No la ayudaron, no le brindaron atención ni acompañamiento, no bregan por la salud de sus hijxs que están impactados por la ausencia de su madre y para colmo, la acusan de haber asesinado a su hijx. Desde este lunes hasta el veredicto del viernes, Ana debe afrontar un aberrante y criminalizante sistema judicial.
Que ironía que una provincia declarada “pro vida”, lo que menos proteja sea la vida de las personas. ¿Dónde estaba el Estado provincial cuando Ana no pudo pedir ayuda porque no sabía el tiempo de gestación?, ¿quién se encarga de que a todas las personas gestantes como ella, le llegue la información necesaria para saber cómo llevar un embarazo adecuado?

Pro vida de la boca para afuera y para quedar bien con votantes y la Iglesia. En la práctica, la defensa de la vida les queda corta, porque no realizan absolutamente nada para verdaderamente bregar por el bienestar de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, las infancias. Porque tampoco se ha acercado ningún organismo dependiente del Gobierno provincial, abiertamente declarado pro-vida, a ver qué necesitaban y en qué situación se encontraban lxs hijxs de Ana.

Y como en todo caso hay nombres de personas que son determinantes para la situación, que son artífices de que este caso llegue a juicio y tenga esta absurda carátula. Primero se debe mencionar a Javier Mosquera, quien tiene a su cargo la Unidad de Investigaciones Concretas en Esquina, y es el que imputó a Ana por “homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía”.

Segundo se encuentra el juez de Garantías de la localidad, Gustavo Vallejos, que avaló lo dicho por Mosquera y dictó la prisión preventiva por 180 días. Prisión preventiva como si Ana fuera una delincuente y no una sobreviviente de una situación que destapa la dura vulnerabilidad económica, social y cultural esquinense. La culpa no es de Ana, es de quienes tienen a su cargo la Justicia de Esquina, por no llevar el control riguroso y adecuado para que todo se cumpla como debe ser.

Tercero están los jueces Jorge Antonio Carbone, Julio Ángel Duarte y Ricardo Diego Carabajal. Magistrados que si estuvieran a la altura de la situación y de las normativas nacionales, jamás hubieran permitido la elevación de esta causa a juicio y habrían aplicado la perspectiva de género. Como se los pidieron incluso la organización Memoria Derechos Humanos y Solidaridad y el Comité Provincial Contra la Tortura.

Cuarto y último, pero el más importante, las pericias están a cargo de la médica forense Ivana del Carmen Fernández y el psiquiatra forense Leonardo Luna Salvetti. Son quienes deben determinar si el feto logró respirar o no, lo que implicaría el nacimiento de una persona viva o el parto de un feto muerto. Este dictamen es clave para el veredicto del viernes, porque es aparentemente lo único que le interesaría a los jueces, más allá de conocer cuántas personas como Ana atraviesan o atravesaron la misma situación.

El caso de Ana no es el único en la provincia, en Corrientes existen 60 causas de similares características, algunas ya incluso con condenas criminalizantes. En nuestro país existen 1532 personas criminalizadas por abortar, acorde a una investigación realizada entre 2018 y 2020 por la Comisión Libres las Queremos en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal.

Por la magnitud del caso, lo que implica no sólo para Ana sino para otras personas en la misma situación en la provincia, organizaciones feministas correntinas se congregaron para apoyarla y exigir su absolución. Este miércoles desde las 9:30 realizarán una convocatoria para visibilizar este caso y todos los de similares características en Corrientes.

Ana es una de las miles de personas gestantes en todo el país, que atraviesa un juicio imputada por homicidio tras sobrevivir a un aborto espontáneo. Su caso es clave para sentar precedente en el ámbito local e ir derribando la Justicia patriarcal. Ana somos todxs, porque en este sistema de salud en el que vivimos con pocos recursos y desinformación, lamentablemente nadie está excentx de vivir una situación similar.
Ana no es una asesina, Ana no es víctima, Ana es sobreviviente. Una mujer fuerte que sobrevivió a un precario sistema de salud, al abandono estatal, a la crudeza de la vida, al salir a rebuscársela para darle de comer a sus hijxs, a un parto en avalancha y sobrevivirá a un sistema judicial podrido de machismo y dictámenes arcaicos.
Ana debe ser absuelta porque no cometió ningún delito. Si quieren condenar a alguien, deberían condenar a lxs funcionarixs que nunca bregaron porque la emergencia obstétrica de Ana nunca suceda y tenga a su hijx con ella. Ellxs son lxs verdaderxs asesinxs

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