El pasado jueves 9 de noviembre la policía de San Luis del Palmar allanó el domicilio de la denunciante del intendente, cuando la orden judicial indicaba otra dirección.
Desde la denuncia radicada a fines de agosto contra Nestor René Buján, intendente de la localidad de San Luis del Palmar, por agresiones físicas, verbales y persecución política, la sobreviviente y su familia no tienen paz.
El 29 de septiembre Buján quedó imputado por lesiones leves en contexto de violencia de género, en la causa que contiene la denuncia radicada por la ex asesora legal del municipio.
El 23 de agosto ella habría recibido golpes en el despacho del intendente por parte de Buján, al mediar en una pelea que habría estado sucediendo en el lugar.
Ninguna comisaría de San Luis del Palmar quería tomarle la denuncia, por consecuencia y desde que inició el proceso, la sobreviviente desarrolla los procesos legales en Juzgados y comisarías capitalinas.
Sin orden de allanamiento
El pasado jueves 9 de noviembre alrededor de las 9:00 hs. se presentaron alrededor de diez policías junto al comisario Leoncio Leiva, en el domicilio en el que reside la denunciante junto a sus padres.
Al momento ella no se encontraba, pero sí sus padres. El padre de la sobreviviente preguntó el motivo del despliegue y un oficial le leyó la orden del allanamiento.
En la misma constaba que era dirigida al hermano menor de la sobreviviente, por consecuencia el padre de la denunciante le informó a la policía que allí no vivía su hijo, pero que de igual forma les iba a abrir para que vean que no tenían nada que ocultar.
Tanto él como la sobreviviente dialogaron el pasado sábado con el programa Las Lisas, que se emite por la FM Mega 98.1, en el que comentaron la insistencia de la policía en ingresar a la vivienda.
A la par, el padre de la denunciante explicó que él le manifestó a los efectivos en reiteradas ocasiones que en ese domicilio no vivía el hijo hacia el que iba dirigido el allanamiento.
Al ingresar la policía habría actuado de forma violenta, revolviendo todas las pertenencias de la familia, ante el asombro de los padres de la sobreviviente y la pregunta de qué era lo que estaban buscando, si ese no era el domicilio que figuraba en la orden del allanamiento.
En el operativo se secuestró un arma Glock semiautomática calibre 40 de uso deportivo, sin cargador puesto, junto a una caja de municiones.
Cabe destacar que el padre de la denunciante contaba con toda la documentación respaldatoria que avalaba la legalidad de la portación.
Al finalizar el allanamiento la policía habría pretendido que él firmara el documento, cuestión a la que se negó porque no se incluirían los datos del secuestro del arma.
Incluso dos testigos citadas para observar el operativo, también se habrían negado a firmar cuando se dieron cuenta de la aparente serie de irregularidades.
Lo cierto es que en ningún documento policial constaría el secuestro del arma, por consecuencia se desconocería su paradero. Cuestión que implica un peligro tanto para la familia de la sobreviviente, como para caracterizar el accionar policial sanluiseño.
Hostigamiento
Como si fuera poco haber atravesado tal situación la semana pasada, la denunciante recibió una cédula policial el pasado miércoles 15 para presentarse a extracción de fichas dactilares.
Ante el miedo y el asombro del pedido, se contactó con su abogado, Hermindo Gonzalez, quien se acercó a Fiscalía a averiguar el origen de la medida.
Allí le informaron que no elevaron tal pedido y por ende, el letrado se dirigió a la Jefatura de Policía.
En este lugar le comentaron que sería una cuestión administrativa ya que habrían visto la causa, revisado el legado de la sobreviviente y notaron que las huellas del acta de trámite de cédula que ella se realizó a las 10 años, estarían borrosas.
A esta altura de la causa la denunciante teme por su vida, porque considera que se pretendería armarle una causa, a alguien que tiene un legajo limpio y sin antecedentes.
Vale aclarar que en el informe psicológico preliminar del psicólogo forense, Cristhian Diego Fernández, ante el análisis de la sobreviviente y lo que ella expuso, sugirió que se libren las medidas correspondientes para resguardar su integridad.
