Otra misteriosa y llamativa muerte en torno al poder en la provincia de Corrientes y, nuevamente, en tiempos electorales. En esta oportunidad se trata de Griselda Blanco, una comunicadora popular de la localidad de Curuzú Cuatiá, quien fuera encontrada asesinada y torturada el pasado sábado 20 de mayo, en su domicilio particular. La policía local –primera en llegar y actuar en el lugar—, desde un primer momento quiso instalar la hipótesis del «suicidio», lo que en cuestión de horas se desvaneció. ¿Por qué la policía local intentó imponer la hipótesis de “suicidio”?, ¿se equivocó?, ¿quiso confundir adrede?, si fue adrede ¿a quién o a quiénes pretendió encubrir? Interrogantes que generan más desconfianzas y sospechas antes que certidumbres.
«Había como seis policías locales entrando y saliendo de la casa, de la escena del crimen, sin fiscal, sin peritos, sin secretario y pudo haber pasado cualquier cosa”, denunció Lautaro Cesani, uno de los hijos de Griselda, en declaraciones a la prensa.
Griselda, por lo que aseguran sus compoblanos, a la hora de informar era de las de no callarse y, llamar a las cosas por su nombre a la hora de comunicar a quienes la seguían. Tal así que últimamente había denunciado a través de sus redes que la muerte de su amiga Débora Serrano era producto de una mala praxis en el hospital local «Fernando Irastorza». O peor aún, había denunciado a efectivos policiales de jinetas altas por acoso y por abuso sexual.
Sus hijos afirman que a su madre la asesinaron, Lautaro desde un comienzo denunció que: «Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir. La querían ver callada y no pudieron. Hoy fue nuestra madre y mañana puede ser cualquier persona de esta ciudad. Todo va a salir a la luz. Pedimos justicia porque es lo que ella hubiese querido y lo que se merece. Justicia por Griselda Blanco».
Y además señaló que su madre le había pedido que contactaran a la abogada Silvia Adriana Casarrubia en caso de que algo malo le sucediera y, dejó entrever que el temor de su progenitora estaría relacionado con la cobertura que hizo sobre casos de acosos y abusos cometidos por efectivos de la policía provincial. «Ella recibió amenazas de un comisario denunciado por presuntos abusos, para que no hablara, para que no dijera nada” profundizó. En tanto que la abogada Casarrubia manifestó: «Me quedé helada cuando me llamó su hijo y me dijo: ‘Mi mamá me dio su número por si le pasaba algo’».
Claramente esto fue tenido en cuenta por la fiscal que entiende en el caso, María José Barrero Sahagún, de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC), quien solicitó que la policía provincial sea apartada de la investigación por el asesinato de Blanco y, que la pesquisa sea ejecutada por la Policía Federal Argentina.
Durante las horas posteriores al asesinato y con la comunidad de la provincia convulsionada por el hecho, llamó la atención que la prensa de mayor tirada en la provincia y con fuertes vínculos al gobierno de Gustavo Valdés, a partir de exagerados montos por pauta publicitaria oficial, comenzara a instalar la hipótesis del femicidio presuntamente cometido por Armando Jara, ex pareja y compañero de trabajo de la comunicadora. De hecho Jara fue detenido y aun permanece en dicha situación.
Otra vez, cobra fuerza lo que expresan públicamente y con vehemencia sus hijos, que desconfían de la teoría de un asesinato en contexto de violencia de género, señalando concretamente que: «No creo que femicidio sea el calificativo que haya que darle a esto, con Jara como en cualquier pareja se tienen problemas, pero no para llegar a este extremo, en mi opinión no creo que Jara haya tenido algo que ver con esto, aunque aclaro que estamos esperando las pericias y los resultados” remarcó Lautaro.
Marcha por justicia. Las fuertes acusaciones apuntan a la policía local
Durante la tarde noche de éste lunes, se produjo una importante movilización en Curuzú Cuatiá, en la que familiares y vecinos marchando por las calles exigieron justicia y que se termine el abuso del poder.
Un detalle no menor fue que cuando las y los manifestantes se toparon con grupos de policías que custodiaban edificios públicos, empezaron a gritar al unísono «ASESINOS». Evidentemente gran parte de la comunidad no cree en la teoría del femicidio, de hecho afirman que Jara sería un chivo expiatorio comúnmente llamado «perejil», sin embargo sí parecen responsabilizar a la fuerza, a quien la comunicadora había incomodado con sus denuncias.
Otra vez: un hecho de violencia extrema en época de campaña electoral
Tal como describíamos en la nota “¿Corrientes República aparte?” (agosto 21), para Revista Zoom, son innumerables las muertes misteriosas en torno al poder y la corrupción en la provincia litoraleña, pero particularmente hay algunos de los hechos muy cercanos a los días de votación.
El asesinato de Griselda Blanco se da en el marco en que el próximo 11 de junio se realizará la compulsa electoral de medio término en la provincia para elegir legisladoras y legisladores provinciales, como así también legisladoras y legisladores comunales en la gran mayoría de las comunas que son administradas por el radicalismo-macrista que se ha perpetuado en el ejecutivo provincial desde finales de 1999 hasta estos días (y próximos a cumplir un cuarto de siglo definiendo los destinos de una de las provincias más pobres del país), con innumerables y escandalosos hechos de corrupción y, de muertes ligadas al poder.
Hay que sumar a este contexto, el renombrado y a la vez silenciado caso de la muerte de Hernán Gonzalez Moreno, supuestamente «suicidado» en octubre del 2009 y, el episodio en que el diputado provincial por el peronismo, Miguel Mateo Arias, fuera baleado en agosto 2021 en momentos en que se encontraba arriba de un escenario participando del cierre de campaña del Frente de Todos en Tapebicuá. Ambos casos estos dos últimos mencionados, cometidos a menos de 72 horas de celebrarse una elección. (Ver nota antes mencionada).
En el relato no podemos obviar ni desconocer el papel de la justicia ni de la policía ante esta realidad, es demasiado evidente el manejo sobre ambas que tiene el poder político de turno, hoy personificado en el actual gobernador Gustavo Valdés y, también en el ex gobernador Ricardo Colombi.
Ni qué hablar la larga lista de crímenes cometidos en la provincia, algunos muy escabrosos y perversos, que involucran a efectivos de la Policía de Corrientes y que misteriosamente muy pocas veces se logran esclarecer, a medias y, de forma tardía. Las más de las veces estos asesinatos gozan de absoluta impunidad.
¿Periodista «independiente» o con identidad política?
Según la información que nos brindaron nuestras fuentes de la localidad Curuzucuateña, Griselda Blanco durante parte de su vida comulgó, en términos de identidad política partidaria, con el peronismo, pero algún desencanto y/o diferencia con dirigentes locales del Justicialismo la habrían alejado de tal espacio, aunque hay versiones encontradas sobre esto.
Lo que sí es un hecho es que Griselda terminó muy comprometida con la alianza Encuentro por Corrientes + Vamos Todos + Juntos por el Cambio, la alianza gobernante en Corrientes desde comienzos del siglo que cuenta con preponderancia de la Unión Cívica Radical disciplinada por el PRO de Mauricio Macri. De hecho, Griselda, fue candidata a concejala en el 2021 por una de las tantas colectoras de la alianza oficial, sin lograr obtener la banca, pero sumando votos para la reelección del gobernador Gustavo Valdés como así también para la reelección del intendente local, José Irigoyen.
No menos cierto es que de un tiempo a esta parte la comunicadora venía ciertamente distanciada del intendente radical Irigoyen y con fuertes críticas hacia la gestión comunal, aunque como se dice en la jerga política «sin sacar los pies del plato». Llamativamente, ministros provinciales tal el caso del titular de la cartera de seguridad en la provincia, Buenaventura Duarte, como así también el ministro de Justicia, Juan José Lopez Desimoni, en las últimas horas realizaron un raid por los medios de comunicación locales resaltando enfáticamente que la víctima fue candidata de la alianza oficialista para dar a entender que es imposible que alguien cercano al gobierno comunal o provincial pudiera estar relacionado al hecho ya que Griselda era correligionaria de ellos, por así decirlo.
Esta descripción que sumamos al relato del contexto en el que fue asesinada la comunicadora, amerita a dos aspectos en particular en cuánto a la administración provincial de la cosa pública: la cada vez más crítica situación de la salud pública y, el cuestionado accionar de la fuerza de seguridad provincial, lo que choca de lleno con el gobierno provincial y municipal teniendo en cuenta su responsabilidad sobre la situación descripta y, que justamente Griselda venía denunciando por hechos sucedidos en Curuzú Cuatiá en este sentido.
Los casos de fallecimientos por desatención; abandono; mala praxis; precariedad y causas similares en los hospitales públicos de la provincia es una constante en todos los departamentos y localidades desde hace largo tiempo atrás y, lamentablemente no se toman medidas al respecto para corregir, por el contrario, cada vez se repiten en mayor cantidad, incluso en los últimos días se sucedieron muertes de criaturas denunciadas por mala praxis, con trascendencia incluso en la prensa nacional. Y por el otro lado, el accionar de la policía en hechos delictivos para nada menores, hasta ligados al narcotráfico y, asesinatos que no se resuelven, hechos que también se multiplican habitualmente en el territorio provincial con notable amparo y cobertura por parte del poder político de turno que prácticamente tiene un control absoluto sobre la suma de los poderes aquí.
«Espero que, si doctora, no vaya a ser cosa que se arma el kilombo ahí, ya veo que le avisan al gobernador Valdés y me mandan a matar o algo porque viste que yo me meto con la policía…» dijo textualmente la víctima en un audio de whatsapp que le había enviado a la doctora Silvia Casarrubia y, que se ha viralizado fuertemente en las últimas horas en la provincia.
¿Fue femicidio? ¿fue un asesinato por venganza? ¿fue una muerte por encargo? ¿se sabrá acaso la verdad? ¿será justicia?
