Este mes se cumplió un nuevo aniversario del femicidio que impulsó la urgencia de la perspectiva de género en el Estado, el de Micaela García. «La negra», como le decían sus cercanos, era militante del movimiento feminista «Ni Una Menos» y estudiante de educación física. La joven de 21 fue reportada como desaparecida el 1 de abril de 2017 y encontrada sin vida una semana después en Gualeguay, Entre Ríos.
Los acusados de su asesinato y violación fueron Sebastián Wagner, Nestor Pavón y Gabriel Otero. Wagner tenía una condena de nueve años de prisión por dos violaciones, pero al momento del femicidio estaba en libertad condicional. Se la habían concedido a pesar de que el Servicio Penitenciario y la fiscalía desaconsejaron su liberación alegando que era peligroso. Para octubre de ese año, Wagner fue condenado a cadena perpetua, Pavón obtuvo solamente 5 años por encubrimiento y Otero fue sobreseído. Para la familia de la víctima no fue una justicia total, por lo que decidieron llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por la lucha e impacto de esta condena, se blanqueó la carencia de perspectiva de género en los organismos de Estado. En el marco de las movilizaciones y debates feministas, este caso volvió más fuerte la demanda de reconfiguración institucional. Todo esto concluyó con la sanción de la Ley Micaela (ley 27.499) en diciembre de 2018. Esta obliga a capacitar en temas de género y violencias a toda persona que se desempeñe en la función pública en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Dicha ley se implementa a través de capacitaciones con herramientas para deconstruir convicciones. Se busca la reivindicación de cada trámite, intervención o proyecto de ley.
Los padres de Micaela, Andrea Lescano y Néstor García, junto con un grupo de personas voluntarias crearon la Fundación Micaela García “La Negra”. Allí trabajan incansablemente para sensibilizar sobre la temática de género e intentar que otras mujeres no pasen por lo mismo. Realizan actividades de formación y labor social, así como marchas, ollas comunitarias y capacitaciones.
Andrea Lescano y Néstor García, padres de Micaela
Corrientes se adhirió a la ley por unanimidad en marzo de 2020 en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Hasta el mes pasado se dictaron capacitaciones virtuales a personas que trabajen en administración pública en la capital. Se espera que se realicen más en los diferentes sectores de la ciudad mediante representantes de los Centros Integradores Comunitarios (CIC). De esta manera, cualquier persona podrá informarse y conocer los protocolos adecuados ante casos de violencia de género en el ámbito municipal.
El femicidio Micaela García fue uno de los 254 que hubo en la Argentina en 2017. Con la ley Micaela parece lejano poder salvar una vida, pero en al menos tres instancias, la muerte de «la negra» se pudo haber evitado. Ella era una mujer con proyectos, valores y compromiso con los derechos humanos. «Con la fundación, buscamos que los sueños que tenía Micaela de transformar nuestro país y el mundo, al menos en una parte, se hagan realidad” declaró Néstor, su papá.
Pese a los avances, todavía quedan muchos organismos del Estado que no se han capacitado. Esta cultura de desigualdad en la que crecimos hace que estos temas tengan que enseñarse o capacitarse. Porque la nula perspectiva de género y cultura machista creó muchas dificultades para denunciar violencia por motivos de género en nuestro país. Como todos los femicidios, una muerte que se pudo haber evitado. Por una reforma de justicia que no revictimize ni sea indiferente, reeducación para el machismo y aplicación de la ley en la justicia y fuerzas de seguridad. Por ninguna Micaela más.
Valentina Correa @valentinnacorrea