El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, asiste a una familia brindando asesoramiento y acompañamiento a una familia que vive en el terreno hace más de 10 años y pagan impuestos desde 2002. la Dra. Belén Acosta, responsable del CAJ Corrientes, remarcó que “si se procede con el desalojo se estarían violando derechos humanos básicos contemplados en la Constitución y Tratados Internacionales”.
El Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), delegación Corrientes, interviene en un caso de desalojo que podría dejar sin vivienda a más de 12 personas, dos de ellas con discapacidad, que habitan en un terreno hace más de 10 años.
El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, brinda asesoramiento y acompañamiento a la familia ante la urgencia del caso, que pertenece al Juzgado Civil y Comercial N°3 de la ciudad de Corrientes.
Belén Acosta, responsable del CAJ Corrientes, señaló que “si se procede con el desalojo se estarían violando derechos humanos básicos contemplados en la Constitución y Tratados Internacionales” y agregó “las personas que habitan el lugar algunas se encuentran en estado de desnutrición; se libraron oficios desde el juzgado a distintos organismos provinciales y municipales pero nadie brinda ayuda a esta familia”.
El expediente cuenta con sentencia firme desde 2018, pero dos años después se realizó un mandamiento de desahucio que fue suspendido por el decreto presidencial que suspendía los desalojos en período de pandemia.
Carmen Marecos, vive en el inmueble junto a sus dos hijas menores de edad, su madre, hermanos y tíos, señaló que “mi madre tiene boleto de compra-venta y además paga los impuestos del terreno desde el año 20022”.
