Nuevamente un integrante de las fuerzas de seguridad es denunciado por violencia de género. ¿Quién nos cuida de quienes deben cuidarnos?
En la localidad de San Luis del Palmar se radicó una denuncia contra Darío González, quien se desempeña dentro de las fuerzas de seguridad. Él y su actual pareja golpearon y amenazaron de muerte a la denunciante, sustrayéndole incluso todas sus pertenencias.
El denunciado continúa trabajando libremente y lo que es más grave, con una denuncia de estas características sigue portando su arma reglamentaria. Un caso que nos remonta a otros similares, como el de Úrsula Bahillo.
El hecho
El 10 de marzo a las 13:30 hs. la sobreviviente abordó un colectivo desde Caá Catí hacia la localidad de San Luis del Palmar, para ir a la casa de su hermana.
Se bajó un trecho antes de la parada en la localidad de destino, ya que el camino que debía seguir para ver a su hermana era desde la ruta.
Descendió del colectivo, caminó un tramo y fue interceptada por un automóvil, que era manejado por su ex pareja.
La denunciante y Darío Elisandro González fueron pareja durante cuatro años, llegando incluso a convivir hasta hace aproximadamente tres meses, cuando ella decidió terminar la relación.
En el automóvil también se encontraba Lorena Arce, actual pareja del agresor. Acorde consta en la denuncia radicada, ambos la agredieron.
Sucede que González es funcionario policial y la pareja utilizó las esposas que forman parte del equipo que él posee en su actividad laboral, para someterla.
Tras esposarla la llevaron a una zona cercana a la laguna Alfonso, que queda en los alrededores de San Luis del Palmar.
En ese lugar la agredieron físicamente, mientras él le habría dicho que la golpeaba en esas zonas específicas, ya que de la misma forma se agredería a personas privadas de su libertad, para no dejarles marcas.
A la par que recibía golpes de mano abierta por parte del denunciado, Arce la habría amenazado de muerte constantemente.
Cuando la actual pareja del agresor le colocó la rodilla en el estómago, él habría empezado también a amenazarla de muerte.
A continuación, acorde al relato de la denuncia, González y Arce la obligaron a desbloquear su teléfono celular bajo amenazas y golpes, y la forzaron a grabar un video revictimizante para ella.
No sólo le sustrajeron sus pertenencias personales como celular y computadora, que ella utiliza para ventas, que es a lo que se dedica, sino que también la habrían desnudado.
La sobreviviente remarca que al darse cuenta de la forma en que él podría quedar implicado, al ser parte de las fuerzas de seguridad, ambos la tiraron del auto en movimiento con el aparente objetivo de deshacerse de ella.
Cabe destacar, que González ya cuenta con un antecedente en la Justicia.
La causa en la Justicia
Una persona que pasaba por la zona la rescató y llamó a la policía para que la asistan. De esta forma ella radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y el Menor en San Luis del Palmar.
Desde ese momento la causa quedó a cargo de la fiscal María Andrea González, quien se habría comunicado con la Fiscalía en la capital correntina, para dar aviso del caso.
Sin embargo y evidenciando la gravedad de la situación, la fiscal no dispuso de ninguna medida de protección para la denunciante.
El agresor, que al ser funcionario policial posee un arma reglamentaria, circula libremente y continúa trabajando con total impunidad. De igual forma, Lorena Arce no recibió ninguna orden de restricción de acercamiento hacia la sobreviviente.
Sucede que tras la serie de contactos con la que contaría el agresor por su trabajo, la denunciante tuvo que huir del interior provincial.
Hace ya varias semanas se encuentra radicada en la capital correntina, escondida y prácticamente sin ninguna pertenencia.
La semana pasada decidió salir a pasear para despejarse un poco y se habría cruzado al denunciado por la zona de la plaza Libertad.
“Yo soy la que debo andar a escondidas, temiendo por mi vida”, remarca la sobreviviente en diálogo con la prensa
En el domicilio en el que se encuentra resguardada le brindaron algunas vestimentas y comparten las comidas diarias.
A la sobreviviente le sacaron todas sus pertenencias y si no fuera por quienes la ayudan en este momento, andaría desnuda y sola deambulando por la calle.
También podría ser una más entre tantas mujeres que son víctimas de femicidios por parte de los funcionarios de fuerzas de seguridad y del nulo control que existe en las fuerzas, para averiguar antecedentes y aceptar la portación de armas.
El hecho de que el denunciado aún porte su arma reglamentaria y circule libremente, con los precedentes que consta en la denuncia, implica un riesgo terrible para la vida de la sobreviviente.
Al encontrarse totalmente desamparada por la fiscal sanluiseña, pudo contactar con la abogada Alejandra Verón, integrante del estudio Encinas-Romero en la capital correntina.
La denunciante en comunicación con la prensa comentó que Verón fue a la Fiscalía para que libren medidas de protección para ella. En la institución le dijeron que al mediodía la llamarían para brindarle información al respecto y la llamada nunca llegó.
Para la sobreviviente las últimas semanas han sido un infierno, iluminadas de a poco por la solidaridad de las buenas personas que se cruzan en su camino.
Ella es quien atravesó situaciones de violencia y como si fuera poco, es ella la que tiene que estar escondiéndose, resguardando su vida y viviendo de caridad, ya que no tiene ninguna pertenencia.
Tampoco puede retornar a Caá Catí a buscar el resto de sus cosas, ya que es seguro que podría cruzarse con el denunciado allí.
“Vivo con miedo. Este hombre y esta mujer destrozaron mi vida en un día sólo porque él no acepta que terminamos y ella, por celos”, explica la denunciante.
“Acudo a los medios de comunicación y a tantas mujeres que hoy levantan la voz. Necesito recuperar mi vida”, concluye la denunciante en una carta escrita para visibilizar su caso.
Casos similares
La Justicia nacional tiene una grave falencia en estos casos. En la actualidad la Argentina tiene cientos de antecedentes de casos de violencia de género que involucran a fuerzas de seguridad, llegando incluso al femicidio.
Se puede mencionar el femicidio de Úrsula Bahillo, a manos de su ex pareja el policía Matías Martínez. El femicida no sólo ya contaba con licencia psiquitátrica, sino que además tenía una denuncia anterior también por violencia de género.
Al igual que la sobreviviente del caso de González, Úrsula denunció todas las veces que pudo a Martínez y rogaba que la Justicia la ayude, ya que él la podía matar. Y así fue.
En febrero de este año en Santiago del Estero Walter Román Gutiérrez, policía en funciones en esa provincia, asesinó a la madre de su hijo de 7 años y se suicidió.
Ella había terminado la relación hace tiempo pero él no comprendía el fin de la relación (al igual que el oficial González), e insistía en volver. El único testigo del horror fue el niño de 7 años que ahora se encuentra bajo asistencia psicológica.
El pasado enero en la provincia de Buenos Aires un policía de la Federal le disparó a su ex pareja, aspirante a las fuerzas, y a otros dos compañeros con los que circulaba por la vía pública.
El agresor sostenía que ella estaba saliendo con uno de sus compañeros, también aspirante, que caminaba en ese momento con ella.
Alberto Bargas Orellana interceptó al grupo de aspirantes y disparó seis veces con el objetivo de matar a su ex pareja y a quien sería el actual novio de su ex.
Acorde al relato de testigos, antes de disparar él gritó que tenía celos (al igual que Lorena Arce, actual pareja de González, quien también agredió y amenazó de muerte a la denunciante)
La mujer fue traslada en estado crítico al hospital. Al momento de ser detenido por el hecho en el lugar, Bargas Orellana exclamó: “Me mandé una cagada”.
En noviembre del año pasado en la provincia de Mendoza un policía acusó a su hijo de 3 años de accionar su arma reglamentaria involuntariamente en contra de su madre, ya que el oficial declaró que la dejó en la habitación tras regresar del trabajo.
La mujer falleció por las consecuencias del disparo en el hospital donde estaba siendo atendida. Tras la intervención de Fiscalía para determinar la veracidad de los hechos, el policía se entregó confesando el femicidio.
Acorde al último relevamiento de abril del año pasado realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 17% de los femicidios ocurridos entre 2017 y 2020 los cometieron agentes de las fuerza de seguridad con su arma reglamentaria.
Este caso que contiene la denuncia radicada en San Luis del Palmar contra Darío González y Lorena Arce es gravísimo, ya que la vida de la denunciante corre peligro.
No sólo por el hecho que tras golpearla, robarle las pertenencias y amenazarla de muerte, ambos continúan realizando actividades en libertad.
Sucede que la sobreviviente no tiene ninguna medida de protección y lo más grave es que Gonzalez como oficial de seguridad, aún circula con su arma reglamentaria.
Con los antecedentes antes mencionados, que son algunos de los cientos que existen en todo el país, es inentendible como la fiscal María Andrea González y la Fiscalía capitalina no toma medidas de protección para asegurar la integridad de la denunciante.
