Tras la visibilización de las causas que atraviesa el periodista Marcelo Burchiski y la elevación a juicio de su colega, Federico Soto, por una denuncia por abuso sexual, es necesario plantearse el tipo de comunicación que se realiza desde el interior de los medios de comunicación.
No es mi intención realizar una crítica al trabajo de lxs colegas, pues dista mi experiencia y autoridad para hacer este tipo de análisis. Sí me interesa que abramos el debate hacia el tipo de comunicación que consumimos sobre casos específicos y quiénes son las personas que los comunican.
Este planteo deviene de que Marcelo Burchiski, corresponsal correntino del canal nacional C5N, enfrenta varias causas ante la Justicia entre las que se encuentra una por supuesto abuso sexual contra su hija menor.
El profesional cubre movilizaciones y casos de violencia de género, incluso fue el encargado de visibilizar en ese canal el curso de la investigación por el femicidio de Griselda Blanco.
Por otro lado, Federico Soto, quien se desempeñaría como redactor web de la emisora Radio Dos, deberá presentarse ante el Tribunal Oral Penal n*2 en noviembre por la elevación a juicio de una causa en su contra por aparente abuso sexual.
Marcelo Burchiski
El corresponsal correntino de C5N el pasado 11 de abril fue privado de su responsabilidad parental sobre sus dos hijxs menores, por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la localidad de Goya .
En el expediente 43201/22 la jueza Silvana Racigh hizo lugar a la demanda de la denunciante por privación de la responsabilidad parental “con subsistencia del deber alimentario en relación a los niños”.
A la par, en el expediente 188266 que se encuentra en el Juzgado de Instrucción n* 5 a cargo de la jueza Amelia Zair de Nicolás, está la causa por supuesto abuso sexual contra su propia hija menor de edad.
FM MEGA 98.1 dialogó con la denunciante y madre de lxs dos hijxs en común con el profesional. Ella manifestó que a la menor “la amenazó con que si contaba la iba a abandonar en el Hogar Tía Amanda y ya no iba a verme ni a mí, ni a sus abuelos.”
La sobreviviente remarcó que desde entonces su hija atraviesa procesos de terrores nocturnos por el miedo que le produciría quedarse sola. Además, la pericia en Cámara Gesell tardó años en realizarse y si bien fue contundente y explícita, no sería suficiente para el Juzgado para que la causa avance.
Existe una tercera causa en la que está implicada la cuenta judicial n° 718164/21, habilitada por la Justicia Federal con el objetivo de que el denunciado deposite allí los beneficios de ANSES que cobraría de manera irregular.
Se trata de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, beneficios que la denunciante busca recuperar a través de la Defensoría Oficial.
Como los beneficios estaban a nombre de Burchiski, él habría recibido los depósitos sin pasar a sus hijxs el monto que les correspondía para solventar sus gastos.
Es importante remarcar también la restricción perimetral impuesta en el expediente n° 174439/18 como cuarta causa, bajo prohibición de todo tipo de contacto verbal, gestual, telefónico y/o por cualquier otro medio, ya sea por sí o por terceros.
La denunciante explicó que tuvo “una relación de hecho desde 2010 hasta julio de 2018 durante nuestra estadía en la ciudad de Corrientes”. Tras haber violado el profesional en reiteradas ocasiones la perimetral impuesta, un día ella huyó con lo puesto con sus hijxs al interior provincial.
“Me rompió toda la casa, robó lo poco de valor que tenía, rompió la puerta con un hacha, robó documentación e inmediatamente se bajó de categoría para no pagar alimentos”, expuso.
Y agregó que “el incumplimiento de la resolución se dio en tanto que, al momento de ser notificado sobre la medida precautoria que impedía su acercamiento a 200 metros de nuestro domicilio, Burchiski tomó la determinación de establecerse en un departamento ubicado a 150 metros, claramente dentro del radio restringido”.
La quinta causa que enfrentó el periodista se encontraba en el Juzgado de Familia n* 3 a cargo de la jueza Nora Alicia Infante y era por alimentos. En esta situación judicial él habría sido beneficiado.
La jueza fue sumamente benévola con él y fijó una cuota de $10.000 mensuales por dos hijos, uno con autismo severo. Igualmente, no cumple con regularidad”, destacó la sobreviviente.
Ella quiere remarcar que la lentitud judicial es altamente revictimizante para ella como jefa de familia, para la pensión que le corresponde a su hijo y sobre todo para su hija, que precisa justicia y atravesar su infancia con normalidad.
“Secuestró a nuestra hija y me amenazó con que la iba a tirar del puente Belgrano. Es más, él intentó suicidarse y hay registros policiales de eso”, concluyó.
Federico Soto
A finales de febrero del 2018 el Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes visibilizó una denuncia por abuso sexual contra el periodista Federico Soto. En ese momento el profesional era un trabajador visible de la emisora Radio Dos.
Por consecuencia y ante la enorme repercusión de la denuncia penal, la emisora emitió un comunicado al respecto en el que manifestaba que “decidió suspender a la persona denunciada”.
Lo cierto es que la lentitud judicial de los procesos, sobre todo en casos de violencia de género, no es una novedad y a esta redacción llegó información que manifestaría el cese de esa suspensión. Soto se encontraría trabajando en la redacción web de la emisora.
Si bien no es sólo responsabilidad de la Justicia todo lo que abarque a un caso como éste, sí su lentitud avalaría la reincorporación de personas que atraviesan estos procesos, y sus contactos y diálogos con sobrevivientes de casos similares para coberturas sobre cuestiones de género.
Tras cinco años de espera, finalmente el Tribunal Oral Penal n* 2 elevó la causa a juicio bajo expediente 177674/18, cuya única audiencia está pactada para el 9 de noviembre desde las 8:30 hs. en el edificio ubicado en Plácido Martínez al 1054.
Cabe destacar que el comunicado emitido en 2018 por la emisora manifestaba que: “informamos que si el fiscal que interviene en la causa decide imputarlo, se tomará la decisión de expulsarlo del medio. (…) Y mientras la Justicia actúe, la mencionada persona continuará separada de su lugar de trabajo”. Lamentablemente esto no ocurrió.
El caso de Soto fomentó en la carrera de Comunicación Social, dependiente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, la creación de un Protocolo de intervención para situaciones similares.
Junto al Colectivo de Mujeres, el entonces Frente Universitario de Mujeres y estudiantes de la carrera, impulsaron actividades y realizaron acciones para crear ámbitos educativos seguros.
En la actualidad se encuentra vigente el Protocolo institucional ante situaciones de discriminación y violencias de género u orientación sexual. Este instrumento legal al activarse, busca impedir que denuncidxs y denunciantes se crucen en los ámbitos educativos.
Lamentablemente requiere una revisión a fondo, ya que habría varias cuestiones a analizar. Sobre todo la comunicación al alumnado de su existencia, la cantidad de personal designado para el seguimiento de casos en cada Facultad y la articulación del ente educativo con la Justicia.
Formación en perspectiva de género
Desde el enero del 2019 rige en Argentina la ley Micaela, orientada a capacitar en género a quienes integren los tres poderes del Estado. La Facultad de Humanidades a principios de año recién realizó su primer capacitación, denominada “Lentes violetas”.
Se remarca esta cuestión, debido a que dentro de esta casa de estudios se encuentra la carrera de Comunicación Social de la que Soto era egresado y sobre todo, que forma profesionales que tratarán cuestiones de género.
Una ley Micaela para los medios de comunicación es una propuesta que lleva gestándose un par de años.
En agosto del 2021 las diputadas nacionales del Frente de Todos, Ayelén Sposito, Gisela Marziotta y Silvana Ginocchio, con el Colectivo de Periodistas Feministas, representantes de ENaCom e integrantes de la fundación Micaela García presentaron un proyecto de ley para dar capacitaciones de género en los medios de comunicación.
En julio del 2022 se realizaron cuatro jornadas de capacitaciones para periodistas de todo el país de radio y televisión en el marco de la ley Micaela, orientada a la prensa.
Por un lado, el evento se orientó hacia las violencias desde la perspectiva del abuso de poder para conformar ámbitos laborales de horizontalidad entre pares.
Por otro, se trataron específicamente la violencia mediática y las pautas para un tratamiento correcto de la violencia de género en los medios de comunicación.
La Fundación Micaela García, creada en memoria de la joven militante víctima de femicidio y cuyo nombre lleva la ley, sostiene incansablemente: “Necesitamos que el Estado lo ponga como una política pública. Por eso necesitamos una ley que regule la distribución de la pauta oficial teniendo en cuenta la capacitación en perspectiva de género”.
Entendiendo también la pluralidad de voces y que dentro de la publicidad oficial, se destine presupuesto a la capacitación de trabajadores de prensa sobre ley Micaela.
No sólo para ejercer la comunicación con perspectiva de género, sin morbo, sin revictimización, sin fomento de odio y caos social, protegiendo a denunciantes y haciendo foco en denunciados y en cómo se sucedieron los procesos policiales y judiciales.
Es importante también entender que la capacitación es clave para la creación de ámbitos laborales seguros, libres de violencias y que tengan sus propios protocolos y directivas ante casos similares como los de Soto y Burchiski.
Está claro que profesionales que enfrentan este tipo de denuncias deben continuar trabajando, para solventar sus gastos y en casos como los de Burchiski, ejercer el pago de la cuota alimentaria. No es la cancelación la conclusión a la que se busca llegar.
Sí el planteo debe darse sobre que trabajadores de prensa que enfrentan este tipo de denuncias, causas o juicios no pueden cubrir determinadas notas, entre las que se destacan claramente las que impliquen cuestiones de género.
