Por: Fernando Marturet
Para: Hay una Guerra
Se realizó la primera marcha contra la violencia institucional para visibilizar la represión en las cárceles, el abuso de poder, la complicidad y el encubrimiento. Y es un buen momento para repensar lo complejo de la violencia institucional. Hay 7 personas asesinadas por estar presas o por gatillo fácil desde que comenzó la Pandemia en Corrientes. Los números pueden ser muy fríos por eso quiero aprovechar el espacio para ponerle rostro a los reclamos por justicia.
José María Candia vino al mundo un 24 de diciembre del ‘98 a la medianoche. Aunque su mamá Érika Moura estaba muy segura de que se tenía que llamar Kevin, la médica que la atendió le dijo: “o se llama Jesús, o José María”. Aunque su mamá se negó, así lo anotaron en el registro. La violencia institucional lo atormentó desde la cuna.
Ver: Red de DDHH observa ausencia de protocolos en intervención armada que concluyó en el asesinato de Kevin Candia; en Momarandú.com
Todos lo llamaban Kevin en la Tosquera “un gurisito cabezudo” decía la mamá, desde los 4 años era atendido en el Hospital de Salud Mental y debía tomar medicación por ser considerado “hiperactivo”. A los 12, le detectaron “trastorno madurativo”. A duras penas terminó la primaria, teniendo que presentar informes mensuales de salud. Pero ninguna escuela secundaria lo quiso aceptar. Ni siquiera las “escuelas especiales”, porque no tenía obra social. Comenzó entonces a trabajar perfilando ladrillos, aunque también por esa época empezó con problemas de adicciones.
En 2016 fue acusado por arrebatar el celular a una vecina, con un juicio abreviado ordenó su libertad bajo obligación de hacer tratamiento psicoterapéutico. Además Kevin ofreció 6 mil pesos como reparación económica a la víctima, pagada en seis cuotas mensuales. No obstante, en 2018 fue condenado a 6 años de prisión por faltar a algunas sesiones de su tratamiento. Su abogado, el defensor oficial, le dijo “qué te cuesta hacer un año y medio más, allá, en la Unidad 1”.
Ver: Pedido de justicia en Facebook.
Al reclamo se le suma el de Laura Silvero que el 13 de enero del 2021 en el medio un brote de COVID fue a llevarle cosas a su hijo Exequiel Garcia cuando se entera que está muerto después de una golpiza que le propinaron los del servicio. Laura conoce el sistema penitenciario, ella estuvo presa en el peletier por “homicidio agravado por ensañamiento” a su exmarido, el papa de Exe.
Ver: Familiares y amigos de Héctor Exequiel García marcharon en reclamo del esclarecimiento de su asesinato; en momarandu.com
Él era proxeneta y tenía varias amantes, Laura lo denunció reiteradamente por violencia sin respuesta. Una noche prendió fuego el sofá donde él escondía la plata para vengarse y se tiró para salvarlo muriendo quemado. Después de ser condenada en el 2012 su causa fue revista con una mirada de género y puedo salir antes. Al salir su hijo ya tenía problemas de adicciones.
Ezequiel se encontraba detenido por una causa de supuesto robo: Volvía de una fiesta del Día del Estudiante en la moto de un amigo, tienen un accidente, la policía los ve y los detienen porque la moto era robada. Por eso quedó detenido y después llegó la pandemia y todo se hizo más difícil.
Ver: Destacan reducción de pena a mujer víctima de violencia de género
En los dos casos no es solo el servicio penitenciario el responsable de estas muertes sino una serie de un sistema que criminaliza la pobreza y la juventud. La violencia institucional envuelve a las familias tanto a les preses como a quienes quedan afuera que por lo general son mujeres que se tienen que velar por los de afuera, los de adentro y los que ya no están.
El hilo está armado con información de la @Red y un informe del Observatorio de conflictos Sociales sobre la pandemia en la UP1.
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