A la espera de un informe oficial sobre la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en diferentes localidades de Corrientes afrontan las trabas de la objeción de conciencia. Una organización de mujeres advirtió que el hospital de la ciudad de Mercedes no garantiza la aplicación de la ley nacional 27.610.
«Seguimos en clandestinidad, porque los casos que tuvimos terminaron pagando, o surgió la posibilidad de ir a Corrientes por su propios medios», dijo a Sin Aportes la miembra de la comisión directiva de la Asociación Civil Colectiva Mujeres, Juana Barnetche.
«Hablamos mucho de la objeción de conciencia, pero eso no desliga de la responsabilidad de informar o de que la persona puedan cumplir sus derechos. Nadie les está pidiendo a los profesionales que quebranten su moral».
Una interrupción del embarazo en el sistema sanitario privado cuesta por arriba de los 20 mil pesos. Ante la desinformación en el hospital, la mejor opción es pagar un aborto.
Esta es la segunda vez que la organización feminista reclama al hospital de esa ciudad para que respeten la legislación nacional sobre reproducción. Anteriormente, aseguran, tuvieron que interceder por la interrupción legal, en casos de violaciones.
Las mujeres reconocen que por el momento sólo pueden acceder a un aborto seguro con derivaciones a la ciudad de Corrientes, la capital de provincia. «Hay muchas falencias en el hospital, somos consientes y no estamos pidiendo solo que se aseguren los abortos», indicó Barnetche.
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La referente lamentó que «pasa lo mismo en Virasoro y Curuzú Cuatiá».
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